La institución de la custodia compartida puede resultar un instrumento muy útil para aquellas parejas que, tras la ruptura, desean que sus hijos menores se vean lo menos afectados posible por sus desavenencias personales. Frente a la regulación anterior a la Reforma de 2005, que no la mencionaba -aunque tampoco la prohibía-, el actual régimen legal dota de instrumentos a las partes y al juez para poder instaurarla. La forma más aconsejable de atribución siempre es, en proceso de mutuo acuerdo, el convenio regulador, pues lógicamente sólo las partes conocen el impacto que sobre la custodia compartida tendrán sus propias circunstancias personales y familiares, así como la mejor manera de modularlas. Contrariamente, en vía contenciosa y a solicitud de una única parte, le compete al juzgador indagar y valorar las circunstancias que rodean cada caso, contando con las alegaciones de las partes, la exploración del menor, los informes de especialistas, así como con los antecedentes concretos para, en definitiva, poder decidir lo mejor (o lo menos malo) en beneficio del menor. El adverbio excepcionalmente del art. 92.8 CC revela que la atribución de la custodia compartida por esa vía se presenta francamente dificultosa, teniendo en cuenta que, a priori, falta la voluntad de una de las partes. A veces puede faltar, incluso, la voluntad de ambas, puesto que muchas solicitudes de parte de custodia compartida carecen de verdadera y auténtica asunción real de las responsabilidades que supone tal atribución.